Caso: Federico Salas, Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica

I.SOBRE EL HÁBEAS CORPUS

1. Con fecha 8 de junio de 2006, Federico Salas Schultz interpone demanda de hábeas corpus contra los vocales de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República , César Javier Vega Vega, Hugo Herculano Príncipe Trujillo, Pedro Ortiz Portilla y Alfonso Hernández Pérez, por la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso y a la defensa, a fin de que se declare la nulidad de la resolución de fecha 14 de diciembre de 2005 (Exp. N.° AV.23-2001), por la que se resuelve –en mayoría– confirmar la sentencia que lo condena a tres años de pena privativa de libertad suspendida, se le impone una reparación civil de tres millones de nuevos soles y se lo inhabilita por el plazo de dos años, por su participación en la comisión de los delitos de falsedad ideológica y asociación ilícita para delinquir, en calidad de autor; y en el delito de peculado, en calidad de cómplice. Asimismo, solicita que se lleve a cabo un nuevo juicio oral ante otro órgano colegiado.

2. Con fecha 3 de agosto de 2006, el Cuadragésimo Noveno Juzgado Penal de Lima declara fundada la demanda, por considerar que de lo actuado se desprende que el accionante ha sido sometido a un proceso penal irregular, en el que se han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa; puesto que se le ha impedido actuar medios probatorios indispensables para determinar su responsabilidad en los hechos imputados. A ello se suma que no se ha utilizado el procedimiento del cotejo al momento de analizar la similitud entre el documento original y la copia fotostática del Decreto de Urgencia N° 081-2000, y que se desconoce el resultado de las apelaciones interpuestas durante la tramitación del juicio oral, una de los cuales está vinculada a la denegatoria de la pericia grafotécnica solicitada por el demandante.

3. Con fecha 18 de octubre de 2006, la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima declara improcedente la demanda, mediante resolución emitida en mayoría, argumentando que no se ha acreditado la existencia de algún tipo de amenaza o vulneración de los derechos invocados en la demanda. Adicionalmente, señala que el original del Decreto de Urgencia N.º 81-2001 fue adecuadamente valorado en el proceso penal seguido contra el demandante.

4. Con fecha 05 de abril de 2007, el Tribunal Constitucional en sesión de pleno jurisdiccional declaró Infundada la demanda, señalando que no se ha vulnerado su derecho fundamental a la prueba, en el proceso penal en el cual fue sentenciado por la comisión de los delitos de falsedad ideológica, asociación ilícita para delinquir y por el delito de peculado, a tres años de pena privativa de libertad suspendida, al pago de una reparación civil de tres millones de nuevos soles y se le inhabilitó por el plazo de dos años.

5. En el proceso penal que se siguió contra el demandante, se determinó que Salas Guevara firmó el Decreto de Urgencia Nº 081-2000, el cual amplió el pliego N° 26 del Sector Defensa por la suma de S/.69’597,810.00 nuevos soles para implementar, supuestamente, un plan militar contra las FARC que nunca se llevó a cabo.

6. En ese sentido, el supremo intérprete de la Constitución concluye que no se ha vulnerado el derecho fundamental a la prueba de Salas Guevara, en la medida que ejerció libremente su derecho a controvertir los medios de prueba, lo cual se materializó en la tacha que interpuso contra la fotocopia del Decreto de Urgencia Nº 081-2000 –cuyo documento original fue aportado al proceso por el coacusado Carlos Boloña Behr–; obteniendo, a su vez, una resolución objetiva y razonada de parte del órgano jurisdiccional que lo juzgó.

7. El Tribunal Constitucional considera que tampoco se ha afectado el principio de prohibición de reforma en peor de la pena (reformatio in peius), por cuanto que el grado de responsabilidad de un procesado lo determinan los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 138º de la Constitución.

II. LAS SENTENCIAS CONTRA FEDERICO SALAS Y LA PROCEDENCIA DE LA VACANCIA DEL CARGO DE PRESIDENTE DEL GRH

1. Con fecha 28 de febrero de 2005, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, condenó a Luis Federico Salas Guevara Schultz, como autor del delito contra la Fe Pública – Falsedad Ideológica y por delito contra la Tranquilidad Pública – Asociación Ilícita para Delinquir y como Cómplice Primario del delito contra la Administración Pública – Peculado, imponiéndole tres años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años, inhabilitación por el plazo de dos años, 180 días multa y fija la suma de S/.3’000,000.00 por concepto de reparación civil, que deberá abonar en forma solidaria a favor del Estado.

2. Con fecha 14 de diciembre de 2005, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, resuelve No Haber Nulidad en el extremo de la condena a Luis Federico Salas Guevara Schultz como autor de los delitos señalados en el numeral 1, ratificándose la pena impuesta, así como el monto de la reparación civil, Ejecutoria Suprema que tiene la calidad de consentida y ejecutoriada, por lo cual la condición del citado ciudadano a la fecha es la de CONDENADO, en agravio del Estado.

3. Que, con fecha 16 de enero de 2007, presenté por ante el Consejo Regional de Huancavelica, la solicitud de vacancia del señor Luis Federico Salas Guevara Schultz, al cargo de Presidente del Gobierno Regional de Huancavelica, por estar incurso en la causal de vacancia prevista en el artículo 30º inciso 3) de la Ley N º 2786 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al haber transcurrido el plazo máximo para su pronunciamiento por parte del consejo regional, desconociendo el inciso b) del artículo 14º de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que prescribe como mínimo una sesión ordinaria al mes, debiendo haber visto mi petición en dicho plazo y conforme lo establece la segunda parte del artículo 30º citado.

4. La vacancia fue solicitada con fecha 16 de enero de 2007, sin tener pronunciamiento alguno, por lo cual, con fechas 31 de enero y 14 de febrero de 2007, reiteré el pedido de vacancia por conducto notarial, sin embargo, a la fecha no hay una respuesta a dicha petición, contraviniendo el debido procedimiento y llegando a un abuso de autoridad.

5. El Consejo Regional no se ha pronunciado sobre un hecho concreto, presentado el 16 de enero de 2007, y que habiendo transcurrido 30 días hábiles establecidos por la Ley N º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General no se ha tratado el tema, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones, debe pronunciarse con relación a la vacancia del señor Luis Federico Salas Guevara Schultz, al cargo de Presidente Regional de la Región de Huancavelica, en aplicación estricta del artículo 5º inciso u) de la Ley N º 26486, Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

6. Al no haberse pronunciado el Consejo Regional con fecha 14 de marzo del presente año, el peticionante de la vacancia Juan William Rodas Alejos presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, Queja por denegatoria de recurso de apelación, solicitando que el máximo organismo electoral, oficie al Consejo Regional a fin que remita todos los actuados y pueda declararse su vacancia.

7. Mediante Oficio Nº 818-2007-SG/JNE de fecha 27 de marzo de 2007, el Jurado Nacional de Elecciones, conmina al Presidente y al Consejo Regional a que en un plazo de tres días informen al máximo organismo electoral, el por qué de la demora en la tramitación del expediente de vacancia, toda vez que los plazos se encontraban totalmente vencidos.

8. El ciudadano Luis Federico Salas Schultz, ha sido procesado y condenado por delito doloso en agravio del Estado, que la condena interpuesta establece la pena de inhabilitación, la suspensión de ella, estando ambas vigentes, por lo cual no puede seguir ejerciendo el cargo de Presidente del Gobierno Regional, por estar incurso en la causal prevista en el artículo 30º inciso 3) de la Ley N º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

9. El Jurado Nacional de Elecciones, en reiterada jurisprudencia, ha declarado la vacancia de oficio actuando como segunda instancia ante la inercia de los Consejeros Regionales, situación que se encuentra sustentada en el artículo 5º inciso u) de su Ley Orgánica.

JULIO CESAR CASTIGLIONI GHIGLINO
Especialista en Derecho Municipal y Regional

Estudiantes necesitan Educación Cívica y Premilitar

Una y otra vez insistimos en el Congreso de la República que es necesario que se vuelva a impartir la educación cívica y premilitar en los colegios de primaria y secundaria, porque la realidad nacional así lo demanda.

Fue un gran error de las administraciones pasadas que dichos cursos dejaran de ser impartidos entre los niños y jóvenes, porque transcurrido el tiempo estamos apreciando lamentablemente a diario, en todos los rincones del país sus terribles consecuencias: pandillaje, violaciones, prostitución y delincuencia juvenil, pirañitas, drogadicción, falta a los símbolos patrios y un sin fin de valores negativos.

Esta falencia en la educación ha venido socavando la escala de valores de muchos de nuestros jóvenes hasta límites que han originado y agravado problemas sociales complejos para el Estado y de gran preocupación para los ciudadanos.

Preocupado por esta situación y asumiendo el clamor del pueblo, presenté el 12 de octubre del año pasado, un proyecto de ley (Nº398-2006), que hoy conjuntamente con otras iniciativas legislativas, ha motivado que la Comisión de Defensa del Congreso de la República apruebe por mayoría un dictamen, por el cual se solicitará al Primer Ministro y el Ministro de Educación para que incluyan estos dos cursos en el currículo de la Educación Básica Regular, a fin de reforzar la formación académica de niños y jóvenes en base al respeto a la Constitución y las leyes.

Un buen ciudadano se forma desde la niñez inculcándosele valores cívicos y morales con disciplina, autoestima, patriotismo e identidad nacional, en una cultura de paz, solidaridad, respeto el sistema democrático y el estado de derecho, como se da en las sociedades más avanzadas del mundo.

Estamos seguros que el Pleno del Congreso – y posteriormente el Ejecutivo -ratificará esta decisión de la Comisión de Defensa, porque es una gran deuda que tiene el Estado con la ciudadanía desde hace mucho tiempo.

Isaac Mekler Neiman
Congresista de la República

Trabajo Decente en el Perú: En la encrucijada

La importancia que ha adquirido el tema del respeto a los derechos laborales en el Perú, a raíz de la posible aprobación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EE:UU), señala una encrucijada en el camino de promover el Trabajo Decente en el país.

La importancia que ha tomado el debate sobre Trabajo Decente (o digno) habla de una tendencia internacional ligada al propio proceso de globalización económica. La preocupación sobre el Trabajo Decente se extiende en el mundo y el Perú estará también sujeto a nuevas y mas estrictas exigencias de los Estados con los que el Perú pretende incrementar su Comercio y de los compradores internacionales de bienes y servicios peruanos que no quieren verse envueltos de campañas que afecten su imagen internacional.

La introducción de Capítulos Laborales en acuerdos comerciales refuerza una tendencia que también enfrentará el Perú en su próxima negociación con la Unión Europea. El 2006, La UE ha emitido diversas declaraciones buscando fortalecer su compromiso con la promoción del Trabajo Decente en el mundo.

El TLC con EE.UU y los nuevos cambios en el congreso norteamericano marcará el debate de los próximos meses y tendrá seguro impacto sobre los debates internos. ¿Habrá finalmente Ley de Trabajo? Es muy probable que este tema sea un punto importante de las demandas de los Demócratas norteamericanos para apoyar su firma. Las expresiones del partido demócrata no son sino eco de los reclamos que los propios trabajadores norteamericanos hacen sobre la situación del empleo en su país. Los políticos finalmente expresan también los intereses de sus ciudadanos. ¿Quien defiende los intereses de los ciudadanos peruanos?

Los debates sobre como promover Empleo Decente dividen a Sindicatos, Gobierno y Empresas. El Gobierno junto con las empresas parece haber llegado a un acuerdo donde se estaría impulsando una propuesta de reducción de derechos laborales, los que estarían reintegrando progresivamente en el tiempo. ¿Esto contribuye a reducir el déficit de Trabajo Decente? O es la reiteración de política de promoción basada en reducción de derechos ciudadanos.

Fujmori y los liberales desmontaron la mayoría de subsidios a empresas en la década del 90, sin embargo los compensaron a través de normas que restringieron derechos laborales, redujeron sus costos, incrementaron sus ganancias y redujeron la capacidad de los ciudadanos a organizarse y reclamar organizadamente parte de los beneficios obtenidos. Hacer un sindicato era la mejor forma de ser candidato al despido y el desempleo. La eliminación de sindicatos ha llevado a que se eliminen los mecanismos de negociación para la distribución de excedentes, se profundice la concentración del ingreso, la desprotección y la reducción de la pobreza sea insuficiente.

La Ley de Promoción agraria, que comprende a los trabajadores envueltos en el boom exportador agroindustrial, suprime su derecho constitucional a la jubilación y reduce otros derechos. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una acción de inconstitucionalidad sobre el tema.

Una actitud coherente con la promoción del Trabajo Decente que podría ayudar al país a mejorar su imagen sobre este tema, pero sobre todo avanzar efectivamente en esta dirección debería contener los siguientes elementos:

1. Promulgación de la Ley de Trabajo.

2. La eliminación de regímenes de promoción de la producción en base a recortes o creación de regímenes laborales especiales, con menores estándares de los actuales.

3. La constitución de una comisión tripartita para el monitoreo del cumplimiento efectivo de los compromisos en materia de trabajo decente.

4. El desarrollo de una campaña pública de promoción de la libertad de asociación y la negociación colectiva.

Los próximos días nos indicarán cual es el camino por el que ha optado el Gobierno y si los compromisos que ahora señala el ejecutivo para lograr la aprobación del TLC se los llevará el viento como ha ocurrido con varias de las promesas electorales en materia laboral.

Trabajo Decente es una noción desarrollada por la OIT que contiene 4 dimensiones: Empleo, Derechos Laborales, Protección social y Diálogo social

Juan Carlos Vargas
Programa de Vigilancia Social en Empresas Transnacionales (PLADES)