sábado, 26 de mayo de 2007

La pena de muerte : ¿ muerto el perro, muerta la rabia ?

El Congreso de Perú está considerando tres leyes que ampliarían el ámbito de aplicación de la pena de muerte. Además, un proyecto de ley sugiere que Perú debería retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, un tratado que prohíbe la ampliación de las leyes de pena de muerte de sus Estados Partes.El artículo 140 de la Constitución de Perú, redactado en 1993, establece el uso de la pena de muerte para las personas declaradas culpables de traición en caso de guerra y las declaradas culpables de terrorismo. En los últimos años no se ha condenado a nadie a muerte por estos delitos.

El último proyecto de ley, presentado por el ejecutivo y el partido del Sr. Garcia proponen justamente una reforma del artículo 140 para ampliar el uso de la pena de muerte a las personas declaradas culpables de violar a menores de siete años cuando el autor de la violación mata después a la víctima. Los proyectos de ley van a ser debatidos ahora por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, facultada para rechazarlos o pasarlos a otras comisiones para que hagan sus comentarios antes de que se sometan a votación en el Congreso.

Esta es la situación política actual, la cual no considera el problema desde su óptica causal. Se piensa en soluciones radicales, sin pensar de dónde viene el problema ni cómo responder de mejor manera a una situación que en el fondo tiene mucho más que ver con el ámbito médico que penal. He aqui en 5 puntos porqué la pena de muerte no es la mejor solución al problema que se nos propone.

Primero, este proyecto va en contra de las normas internacionales que buscan limitar la aplicación de la pena de muerte, y contradicen la tendencia mundial hacia la erradicación de la pena capital. Sabemos que en Estados Unidos por ejemplo la pena de muerte existe y en ciertos Estados se utiliza de manera frecuente, pero existen otros Estados donde la pena de muerte ha sido abolida...Cabe recordar que Francia abolió la pena de muerte en el año 1981, osea hace ya 26 años, se supone que las mentalidades han debido evolucionar en ese tiempo, por lo que se vé, en el Perú estamos retrocediendo.

Segundo, si bien es claro que se debe proteger a los menores frente a este tipo de violencia, no se ha demostrado que la pena de muerte tenga un verdadero efecto de disuasión. Retomando el ejemplo de los Estados Unidos, las estadísticas de crímenes en el Estado de Texas desde la primera ejecución en el año 1982 no muestra que ésta haya disminuido por que la pena de muerte existe alli.

Tercero, se piensa que la ejecución del delincuente tendrá un efecto disuasivo sobre potenciales delincuentes. Según esta lógica, muerto el perro muerta la rabia y se debería ver un menor índice de criminalidad. No obstante, esto no se cumple en los hechos ya que es difícil imaginar que un delincuente piense antes de cometer el delito en la pena que se le aplicará si es arrestado. Tomo como ejemplo una vez más los Estados Unidos. El Estado de la Florida estableció la pena de muerte en 1979 y en los años siguientes el índice de homicidios fueron los más altos. Lo mismo sucedió en el estado de Georgia, donde al año siguiente del restablemiento de la pena de muerte la tasa de homicidios se incrementó en un 20 %.


Cuarto, otro argumento de quienes defienden la pena de muerte es que el Estado no debería "subsidiar" la vida de criminales en prisión. Este argumento es meramente económico y no toma en cuenta que los juicios en los que se debe aplicar la pena de muerte, salvo a ser expeditivos y sin ninguna garantía, representan un alto costo económico para el Estado. En estos procesos, que duran más años que un juicio común, los recursos judiciales se reproducen. En el estado de Texas, cada ajusticiamiento cuesta entre dos y tres millones de dólares al Estado.

Quinto, los partidarios de la pena de muerte olvidan el aspecto fundamental de la presunción de inocencia y por ende las injusticias que pueden surgir en la aplicación de la pena de muerte. Este es un problema al cual ningún país ha podido dar una solución satisfactoria y asi evitar la ejecución de personas inocentes. El único problema es que una vez ejecutado el delincuente, no hay manera de volver atrás. Y les hago la pregunta, ¿ qué pasaría si con el paso del tiempo se llega a comprobar que esa persona no cometió los hechos que se le imputaban ?

Sexto, quienes hablan de tener el valor o coraje para adoptar leyes de este tipo no toman en cuenta el tema de los procesos judiciales irregulares, basados en testimonios poco fiables o causas mal defendidas por abogados de oficio. En estas condiciones, la pena de muerte recae sobre las personas de menores recursos económicos o sobre las minorías raciales que no cuentan con una buena defensa. Sobretodo poner la pena de muerte en nuestra sociedad, conocida por su cierto racismo y segregación, provocaría que los acusados “cholos”, “negros” o de otro tipo u origen tengan más posibilidades de recibir la pena de muerte que los llamados “blancos” o “criollos”.

Séptimo, el Perú es un pais donde las fobias a lo otro son bastante grandes (“negros”, “cholos”, “chinos”, homosexuales, etc). Dejar un arma letal en manos de gente impulsiva y emocional, cuyos pareceres obedecen a razones políticas y que llevan el debate por caminos subjetivos es sencillamente equivocarse. De este modo, la aplicación de la pena de muerte no sólo resulta injusta, también vulnera el elemental derecho a la vida.

Octavo, oponerse a la pena capital no equivale a disculpar o minimizar las consecuencias de la delincuencia violenta. Al contrario : la pena de muerte equivale a reconocer que es una política pública destructiva y divisiva que distrae la atención de lo importante y que no concuerda con valores ampliamente sostenidos. Niega la posibilidad de la reconciliación y la rehabilitación. Promueve respuestas simplistas a problemas humanos complejos, en lugar de buscar explicaciones que puedan dar lugar a estrategias positivas.

Visto lo expuesto he aqui algunas medidas a las cuales nuestros gobernantes deberían pensar primero :

1. Campañas de prevención masiva contra tales abusos, el Ministerio de educación debería implicarse más en este aspecto con campañas en los colegios y sensibilización de los padres de familia y profesores. Es muy poco lo que se hace en el Perú para sensibilizar los padres de familia a estos problemas e instruirlos de manera a tener la actitud idonea y denunciar estos casos.

2. Tratamiento psiquiátrico para las personas que se encuentren en ese estado o sean psiquicamente peligrosas, poniendo a su disposición centros de tratamiento médico y de seguimiento. Las autoridades peruanas no han tomado en cuenta que el problema se puede combatir desde la raíz. No existen en el Perú este tipo de centros.

3. Centrales de atención a víctimas de violencia sexual con números de teléfono de urgencia e intervención mancomunada de servicios de policia y de la infancia.

4. Reparación monetaria a niños abusados ya que ellos lo que quieren es olvidar y recuperarse de esa agresión, dejarlos en el abandono es sumirlos en el abandono. La cuestión infantil en el Perú no es una cuestión de “primeras damas”, es una cuestión seria que hay que combatir de manera frontal y dando los fondos necesarios.

5 Creación de medidas tutelares de protección para niños abusados o en abandono; los consejos distritales deben actuar más directamente en este aspecto y estar comprometidos con el bienestar de los niños que tienen domicilio en su circunscripción. Debe existir un rol de niños y que asistentes sociales se encarguen de comprobar el bienestar físico y educativo de los mismos, haciendo un seguimiento de padres e hijos.

6. Penas ejemplares a los violadores y sobretodo aplicación estricta de las mismas con amplia cobertura periodística. No olvidemos que la legislación peruana contempla ya duras sanciones contra los violadores de menores, con penas que van de los 8 años de prisión a cadena perpetua, contra los violadores de niños menores de 7 años, y penas de 6 a 12 años para los proxenetas de menores (turismos sexual), incluso condena de 4 a 6 años de cárcel a los usuarios de la prostitución infantil.

Como verán no es simplemente una cuestión de decir “muerto el perro muerta la rabia”. Proponer la pena de muerte es una solución fácil y demagógica para hacer creer que estamos resolviendo un problema, el cual es mucho más profundo de lo que se cree. Por lo tanto, proponer la pena de muerte es una mera ilusión de solución a un problema de sociedad complejo el cual necesita, de una vez por todas, la implicación directa y frontal de nuestras autoridades y de todos nosotros.
Carlos Jaïco Carranza, lic. iur.
Abogado / Suiza

lunes, 21 de mayo de 2007

Otorongos

Tal como lo decía en un artículo, el tema Canchaya es el principio de la caída libre al precipicio del congreso, aunque en la vestimenta de otorongo, siempre haya espacio para una raya mas, el escándalo de ribetes generalizados, en todas las bancadas, que se observan hoy en día, ameritan medidas drásticas.

El problema es como recuperar la credibilidad, o mejor dicho como engendrar una nueva reputación, ya que en realidad, creo, que nunca tuvieron credibilidad, pues la frivolidad estuvo muy bien encajonada, y está fue desnudándose poco a poco como una buena stripticera, a la cual los medios de comunicación, le brindan toda su atención.

Lo anteriormente dicho no es faltar el respeto a la institución congresal o a la investidura de los congresistas que integran esta única cámara, con poder ahora reducido, sino más bien, es un llamado de atención a los partidos políticos, que son a las finales, los únicos responsables que los nominaron para postular a estos cargos.

Por esta razón una de las propuestas es la revisión urgente de la ley de partidos políticos, la cual debe versar un capitulo especial en este tema, dando prioridad al escalafón de sus cuadros, capacitación permanente y acreditada, hojas de vida sustentables éticamente en el tiempo, procedencia de sus dineros, calidad de activismo político en sus jurisdicciones, debe revisar sus convicciones doctrinarias y zigzagueos políticos, eliminar el reeleccionismo inmediato, favorecer la renovación por tercios, o mitades del congreso, entre otras medidas sustantivas; que conlleven a elevar la calidad de congresistas.

La congresista Lourdes Alcorta dice que el desprestigio del congreso es el preámbulo del cierre del congreso. Esta aseveración no deja de tener cierto asidero; pero no por las razones que esta controvertida congresista esgrime al tratar de defender a su vapuleado partido, con múltiples “pecadillos”, sino, por que el congreso debe auto cerrarse, como acto contrito, de mea culpa; es decir debe hacer un alto en su labor legislativa, hasta ahora superficial e intrascendente, para replantear su reglamento, reglamento, que este acorde con el clamor de la opinión pública, que no ponga paños tibios, sea realmente sancionador, ejemplarizador, expeditivo y eficaz en sus decisiones; que no abdique de sus funciones legislativas y fiscalizadoras; debe revisar en conjunto el tema de asesores en forma urgente, imperando el aspecto técnico y no el amiguismo o partidarismo ignorante.

El congreso actual debe replantearse la posibilidad de restaurar la carta magna del 79, mejorando su espíritu ejecutivo, cerrando las brechas de contradicción existentes, que contemple los nuevos vientos de regionalismo y descentralización, que contemple el envión de un mundo globalizado, y que incluya los objetivos fundamentales a manera de una hoja de ruta para el desarrollo sustentable, es decir, asumir el encargo constituyente; no sin antes este poder ser fortalecido.

La presidenta del congreso actual, más que por decisión propia, sino por impotencia, no debe ni puede, tratar de apagar los incendios congresales para revalidar un prestigio congresal perdido ante la opinión pública; incendios que seguirán produciéndose, hasta probablemente hacerse incontenibles, lo que probablemente desembocará en una ingobernabilidad congresal.

A duras penas talvez podrá el congreso pasar el trance que ahora vive; pero es el espejo que siempre se ha rechazado en el interior del país y una de las causas del centralismo tan rechazado por estas, y por que no, uno de los causales de las huelgas y paros que han obligado al ejecutivo a un evidente golpe de timón.

En esta visión, es oportuno discutir la existencia de una cámara de senadores; de funcionamiento y elección inmediata; ya que de esta forma se fortalecerá el sistema democrático y aplacará los visos de ingobernabilidad, que se podrán extender, si no se ensayan ésta y otras medidas conexas.

Necesitamos un congreso a la medida de las expectativas del desarrollo del país; no podemos tolerar una rémora desprestigiada cinco años que dura su mandato; es una difícil decisión, pero impostergable.

Dr. Jorge Ramal N.